La pandemia del COVID-19 ha constituido un shock para los sistemas de salud. Particularmente, ha puesto las prácticas públicas financieras bajo estrés para facilitar suficientes fondos a los proveedores de salud de primera línea, así como también para mantener los servicios esenciales de salud para la población. En Latinoamérica, los sistemas de salud han tenido que innovar en sus prácticas públicas financieras para contrarrestar los efectos de la pandemia. Los países han tenido que hacer cambios en las prioridades del gasto público para fortalecer los sistemas de salud, dependiendo de su gestión pública financiera y sistemas regulatorios. Por ejemplo, se requirieron ajustes en el lado de los ingresos de los presupuestos (préstamos, uso de fondos de contingencia) para tener en cuenta las nuevas restricciones económicas y fiscales. En los gastos, se asignaron fondos adicionales provenientes de otros programas, se hicieron relocalizaciones en el gasto en salud pública y creaciones de nuevos programas. La creación de una relación entre el financiamiento de la salud pública (fuentes, asignación y gasto real) y la gestión financiera pública, demostró ser crucial para comprender mejor los flujos financieros en salud y cómo hacerlos más efectivos y producir los resultados esperados.

Algunas prácticas requirieron el establecimiento de fondos específicos para el gasto de la pandemia, lo cual ha causado preocupaciones sobre una posible fragmentación financiera, transparencia, y responsabilidad del manejo de estos fondos. Con diferentes “olas” y “variantes”, la pandemia continúa su tránsito por el mundo; la disponibilidad de vacunas y la voluntad de vacunación continúan siendo un desafío.

Tomando a República Dominicana, analizo algunos aspectos en su respuesta en gestión pública financiera dada la crisis de salud actual. En el país el presupuesto es formulado en su mayoría por clasificadores presupuestarios, utilizando comúnmente las clasificaciones “económica” y “objeto de gasto”. Al comienzo de la pandemia, se adoptaron modificaciones presupuestales para dar respuesta a la pandemia. Dentro de las fuentes financieras se ubicaron los fondos de los préstamos otorgados por entidades internacionales dentro de la agrupación COVID-19, en cuentas con denominaciones humanitarias, y donaciones programadas (MH, 2021). Por igual, durante la pandemia, se adoptaron pagos por adelantado a proveedores de salud para asegurar que estos cuenten con suficiente liquidez (SNS, 2020). En cumplimiento a la disposición de la Comisión de Alto Nivel para el Control y el Manejo del Coronavirus, el Servicio Nacional de Salud hizo efectivo el pago de más de $200 millones de pesos en incentivos a personal asistencial y operativo que trabaja en la respuesta a pacientes afectados por la pandemia.

Con relación al reporte de gastos relacionados a COVID-19, se creó una agrupación en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (MH, 2020). En el Sistema de Monitoreo del Seguro Familiar de Salud fueron incluidas más de 30 coberturas en el “Catálogo General de Coberturas del SIMON”, para garantizar y monitorear el gasto de procedimientos, medicamentos, y servicios a las coberturas incorporadas en los Planes Alternativos de Salud, así como al Plan de Emergencia Sanitaria para la atención y el tratamiento de los afiliados contagiados del COVID-19 (SISALRIL, 2020). Los procesos de detalle de gasto son relevantes para contrarrestar con los procesos de monitoreo. En RD, para monitorear el gasto de la pandemia, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo creó el tablero dinámico: “Módulo Covid-19”, donde se pueden desplegar los diferentes programas y gastos relacionados con la pandemia (MEPyD, 2020).

Finalmente, en temas de ajuste procesal y legislativo de la gestión financiera pública por COVID-19 en RD se crearon varios decretos como el 133-20, donde se declara de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios indispensables para la ejecución de iniciativas para la pandemia (DGCP, 2020). Asimismo, mediante el decreto 132-20, se crea la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control de Coronavirus integrándose la comisión para atender los asuntos económicos y de empleo. Por otra parte, y dentro del decreto 154-20, se crea los programas de “FASE” y “Quédate en Casa” para la sustentación de ayuda económica a la población dominicana (Presidencia, 2020).

Ciertamente, queda mucho por recorrer para crear un sistema de salud efectivo; sin embargo, en el caso de prácticas de gestión financiera en salud, es evidente que el gobierno ha estado enfocado en que sus decisiones tiendan a construir resiliencia.

Referencias:

1.     Ministerio de Hacienda (2021). Consulta interna en el área de política fiscal.

2.     «SNS paga más de RD$ 233 millones en incentivos a personal Red COVID-19». Servicio Nacional de Salud, 1 de mayo de 2020, https://sns.gob.do/noticias/sns-paga-mas-de-rd-233-millones-en-incentivos-a-personal-red-covid-19/.

3.     Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Gobierno de la República Dominicana, Memoria Institucional 2020. http://sisalril.gov.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/memorias_institucionales/Memoria_2020.pdf

4.     Mapa Inversiones + Módulo COVID-19 República Dominicana (2020). https://mapainversiones.mepyd.gob.do/covid/FichaCovid#a_5. Accedido 6 de febrero de 2022.

5.     Dirección General de Contrataciones Públicas (2020), Decreto 133-20, https://www.dgcp.gob.do/wp-content/uploads/2020/03/decreto-133-20.pdf

6.     Presidencia de la República Dominicana (2020), http://www.consultoria.gov.do/News/NewsConsult/8351